El pasado 15 de noviembre de 2017 se ha puesto fin al servicio online universal en igualdad de condiciones, en base a la derogación que la Federal Communications Comission (FCC) aprobó con 3 votos a favor sobre 2 en contra, en relación a la neutralidad de la red en Estados Unidos.
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Una medida que afecta a nivel global
Aunque está medida se establece de forma localizada en Estados Unidos, el carácter global de las empresas tecnológicas imperantes, motiva a pensar que los efectos se notarán de forma universal.
Según esta derogación, las empresas que utilicen mayores servicios de telecomunicaciones tendrán que pagar a los proveedores para poder hacerlo con un nivel de calidad óptimo. Por descontado, este pago es opcional, pero no de realizarse los servicios que obtendrán a cambio podrían sufrir cortes, retrasos, bloqueos o incluso penalizaciones.
El apoyo de las empresas de telecomunicaciones
Como es lógico, la medida ha contado con todo el apoyo de las empresas de telecomunicaciones estadounidenses, que tras conocer la noticia consiguieron incrementar el valor de sus acciones, en pronóstico de una mayor cantidad de ingresos por los mismos servicios que hasta ahora en los próximos años.
Incluso las empresas de telecomunicaciones españolas han mostrado su apoyo a la medida, argumentando que las compañías que aprovechan los servicios e infraestructuras actuales de forma masiva, deberían haber pagado por ello, algo que hasta el momento no se producía.
Empresas a las que afecta la derogación
Queda por delimitar qué tipo de empresas van a tener que acatar la nueva norma, si bien también es posible que se relacione con el tipo de servicio o de consumo de telecomunicaciones que se realice por sus usuarios.
En todo caso, las empresas que se sitúan en el punto de mira son principalmente las que ofrecen servicios de streaming como Netflix, HBO o Amazon. También se ha informado de que compañías como Apple, Google, Facebook o Spotify, así como empresas de cada grupo como YouTube o Whatsapp, también podrían tener que acatar los precios que se impongan para garantizar un servicio de calidad lo que, a la larga, implicará incrementar el coste de sus propios servicios a los usuarios para mantener rentabilidad.